RENUNCIA PATRIOTAS DEMÓCRATAS PROCLAMADOS CNE VENECUBA UNIFICARÍA VENEZUELA

QUE LOS USURPADORES DE LOS PODERES PÚBLICOS RECONOZCAN ESTA REALIDAD CERTIFICADA EL 25MARZO2014 POR EL CNE EN EL EXILIO, UNIFICARÍA AL PAÍS PARA EXPULSAR JUNTOS A LOS INVASORES Y RESTABLECER LA REPÚBLICA.

Rómulo Lares Sánchez. 26MARZO2014.

Los representantes de las “oposiciones” han tenido pleno conocimiento de esta realidad a partir de 1999, sin embargo, insistieron en sostener y promover la vía del sufragio como instrumento que conduciría a la expulsión de la ocupación cubana terminando con VENECUBA para restablecer a VENEZUELA, a pesar del fraude-traición sistemático del CNE, acción reprochable por el engaño al colectivo, que los convirtió, lamentablemente, también en cómplices del fraude en la gestión del régimen que usurpa el Estado que contribuyeron a legitimar, así como de las consecuencias, el balance trágico del “holocausto del siglo XXI” correspondiente.

Este acuerdo régimen-oposiciones en el fraude-traición político-administrativo-judicial-electoral se materializó adicionalmente en la evidencia pública, notoria y comunicacional, es decir, que habría quedado demostrada a los efectos de la “prueba” en el ámbito jurisdiccional de los tribunales penales, cuando impidieron la presencia en sus medios de comunicación social de cualquier información, opinión o debate que colocara en duda la legitimidad y legalidad de las proclamaciones fraudulentas del CNE, es decir, fueron socios implacables de la censura y autocensura, el engaño, el fraude y la traición de la Sociedad Civil-colectivo por esa vía, así como de la propaganda fraudulenta sistemática institucional para manipular su voluntad, y en los casos que no fuere efectiva, mediante la violencia y represión selectiva con objetivo e impacto generalizado.

Estos usurpadores de los poderes públicos investidos de “oposiciones”, otorgaron la fianza, traicionando a la Sociedad Civil, que ha hecho creer a los venezolanos y al mundo, a pesar de que en su mayoría no creen en la democracia cubana, VENECUBANA ni en su dignidad, que existían instituciones a partir del 15AGOSTO2004 (Referéndum “Ratificatorio”) y del 4DIC2005 (“Elecciones” diputados a la Asamblea Nacional), cuando en esta segunda fecha, quienes los habían elegido como gobernadores, alcaldes y legisladores nacionales, andinos, latinoamericanos, municipales, de los estados y en las juntas parroquiales, se expresaron claramente en el 2do. mayor rechazo electoral de la historia local y quizás del mundo (+/- 85% abstención), porque no deseábamos la consolidación del régimen ni sus instituciones títeres, en éste caso la Asamblea Nacional, nacidas de otra usurpada, pervertida y perversa, el CNE de VENECUBA.

Esos mismos venezolanos, de todas las tendencias, inclusive las mayorías que simpatizaban y dependían del trabajo y de los programas especiales de apoyo “sociales”, “financieros”, “fiscales”, “industriales”, “agropecuarios”, “viviendas”, ”salud” y de “divisas” asignados directamente por Hugo Chávez, se habían expresado con claridad el 15AGOSTO2003 para NO RATIFICAR y REVOCAR su mandato, con la mayor participación electoral de nuestra historia (+/- 93%), pero los funcionarios de las “oposiciones-régimen” proclamados por el CNE, nos traicionaron y permitieron, a pesar de haber comprobado y denunciado ellos mismos el escandaloso fraude, que continuara usurpando la Presidencia, la representación del Estado y la jefatura de las Fuerzas Armadas Nacionales y desde allí, controlando completamente los demás poderes públicos nacionales y las FFAANN.

¿Cómo decretar la caída del régimen?: es necesario desplazarlo desconociendo todos los usurpadores de los poderes públicos. El enemigo desde hace años no era Chávez como tampoco ahora su heredero nacido extranjero, el enemigo seguirá siendo el régimen cubano y los traidores venezolanos colaboracionistas transformados en venecubanos usurpando las instituciones y demás poderes públicos.

¿Quiénes tendrían la oportunidad de iniciar el deslave y desmoronamiento total del régimen de ocupación?, contribuyendo a conducir ellos mismos al país entero a la lucha organizada hasta que logremos el restablecimiento de VENEZUELA: quienes a pesar de sus arengas para denunciar sólo casos “acordados”, callan la tragedia de la realidad de la ocupación y sus consecuencias que desde siempre conocían, sin embargo, promovieron elecciones y campañas fraudulentas, así como protestas, marchas y manifestaciones también inútiles, asociándose al fraude, a la traición y a la censura más absoluta hasta la violencia para anular opiniones diferentes, la verdad no podía resplandecer.

Tienen ellos la oportunidad de aspirar a una eventual amnistía, en el caso de que se recuperase la República; estaría en sus manos reconocer su error maximizando el impacto de su “mea culpa”, fortaleciendo algunos su liderazgo al asumir las consecuencias y retirarse de las instituciones que también usurpan denunciando la inexistencia de Estado ni Derecho, como lo exigió el colectivo, la Sociedad Civil de manera clara el 4DICIEMBRE2005, contrario a la pantomima reciente (25MARZO2014) de un grupo de usurpadores-diputados de la AN quienes se retiraron para introducir una querella ante el TSJ, otra institución fraudulenta como la de ellos lo que explicaría el absurdo de promoverla.

La apertura en los medios a las opiniones censuradas y a su debate, a pesar del impacto en los ingresos y su acoso, permitiría que desapareciera la confusión originada por el encubrimiento de la realidad descrita antes, así como por la promoción de argumentos escritos o gráficos cínicos y ridículos que no han admitido espacio alguno para el disenso o la crítica, tales como que: “firmo el acuerdo de la Mesa de Diálogo Negociaciones y Acuerdos que no quiero firmar y me encomiendo a Dios” (Rafael Alfonso. 27MAYO2003), pero cuando no se respeta ninguno de los 19 puntos guardó silencio, censuró la crítica y se olvidó de Dios; “…nosotros nunca creímos en pajaritos preñados…” (T. Petkoff y M. Rosales 8DIC2006); “gano y cobro” (M. Rosales: Campaña presidencial DICIEMBRE 2006), pero “ganó” y no cobró saliendo de inmediato con la familia a Disney World”; “…fue sólo una diferencia chiquitica…” (El mismo. DIC2006), como habría sido en el caso del resultado proyectado del “margen del 1% irreversible” que se produciría faltando más del 25% de “votos” por escrutar y cuyos resultados jamás fueron publicados (T. Lucena. “Referéndum Constitucional”, 2007); “nuestro compromiso es con la justicia” (Primero Justicia. Campaña Publicitaria); “no podría dejar mis electores con la brocha en la mano” (L. López); “soy representante legítimo porque fui elegido por el pueblo en el CNE” (Todos los usurpadores proclamados por CNE); “tenemos confianza plena en el CNE por eso le encargamos las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática-MUD” para la proclamación del candidato de las “oposiciones” (H. Capriles, T. Alvarenga, y R. Aveledo. FEBRERO2012) que mantendría los programas de VENECUBA y expulsaría a los cubanos, mientras que no pueden controlar sus impulsos ni inclinaciones o debilidades personales, cuando en realidad han estado todos actuando de espaldas a la Sociedad Civil y en contra de sus deseos e intereses de la nación, censurando a quienes no piensan como ellos o pretenden la crítica.

Insistimos: no fueron elegidos por el pueblo porque a partir de 1999 éste sólo en contadas ocasiones entre 2000 y 2003 habría podido expresarse de forma legítima mediante el Sistema Electoral del CNE, diseñado más bien para burlar la voluntad del colectivo, para manipularla.

La declaración sistemática como “representantes legítimamente elegidos” –por el CNE- habría sido sin duda celebrada por los invasores y el régimen de ocupación, porque es precisamente la que los legitima y al mismo tiempo a la usurpación del Estado.

De esta forma directa, que permitiría convocar simultáneamente al colectivo, sin engañarlo ni traicionarlo, en el entendido de que jamás expulsaríamos a los invasores ni restableceremos la República y el Estado de Derecho marchando u orando exclusivamente, sino mediante nuestras acciones organizadas, convocando y exigiendo ahora con argumentos administrativos claros que acaben con las excusas para evadir la responsabilidad de la acción simultánea armada, con el carácter de “Policía Constitucional” de los miembros patriotas de las Fuerzas Armadas y demás cuerpos de seguridad pública y policías en general.

Técnicamente quedarían desnudos y caerían todos los usurpadores de los poderes públicos, convertidos en reos visibles de crímenes contra la humanidad, de lesa patria y de lesa humanidad.

Necesariamente, el control del territorio, la expulsión de la guerrilla, subversión, narcotráfico y paramilitarismo, el libre tránsito de sus ciudadanos, deberían ser asumidos constitucionalmente por una Junta Ciudadana de Gobierno Provisional-JCGP, con el respaldo de un Alto Mando Militar y Policial Provisional-AMMPP, ordenando de inmediato la liberación de los secuestrados por el “Sistema judicial” y la restitución de la propiedad asaltada, para efectuar elecciones nacionales en fecha por determinar de acuerdo con las circunstancias, que determinarían que en 6 meses, o antes, se realicen algunas regionales y municipales en aquellas circunscripciones donde fuere posible efectuar elecciones parciales de alcaldes, gobernadores, concejales y consejeros, así como de miembros de las Juntas Parroquiales, gracias a la participación integral transparente del colectivo, de la Sociedad Civil y de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales asegurando que sus autoridades fueren legítimas, se hubiere restablecido el Registro Electoral-RE legítimo y hubiese sido auditado y aprobado por sus respectivas comunidades así como oportuna y debidamente publicado.

Por otra parte, el fraude escandaloso de la automatización electoral integral, completamente demostrado y adicionalmente descartado por principio científico, debido a su inutilidad práctica para garantizar las condiciones de un sufragio seguro y auditable, impone la administración mixta manual-automatizada proporcionalmente según convenga en cada circunscripción, para ejercer el voto, escrutarlo, totalizarlo y proclamar los resultados, responsabilidad establecida claramente en la ley y adicionalmente por el sentido común, que correspondería a los órganos subalternos y subordinados del CNE, mientras de éste sería la responsabilidad de garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia, eficiencia, la personalización del sufragio y la representación proporcional  en  los procesos electorales.

Existe el Poder Electoral en el exilio, único poder legítimo a partir de JUNIO2000 usurpado en AGOSTO2003, cuyo restablecimiento determinaría la capacidad inmediata para respaldar la administración de las funciones de un CNE legítimo, que asegure a la nación a su Sociedad Civil, el cumplimiento estricto de las responsabilidades referidas, entre ellas el establecimiento de un Registro de Electores-RE y un Registro Civil-RC legítimos, con la participación directa además en la identificación y extranjería, en todas las áreas y dependencias electorales, tanto del sorteo legítimo periódico para la rotación de los miembros del Servicio Civil Electoral Obligatorio como del acervo nacional de profesionales, técnicos y expertos electorales formados durante décadas, quienes habrían sido acosados, excluidos y marginados por su inflexibilidad ante las presiones, amenazas o por el carácter no negociable de sus principios éticos y su patriotismo, así como la de las Fuerzas Armadas Nacionales, si así lo determinase y solicitase el Poder Electoral o alguno de sus organismos subalternos o subordinados.

La ilegitimidad e ilegalidad de las autoridades no sólo está en el origen fraudulento y la usurpación de las instituciones sino, aún con mayor gravedad, en el desempeño permanente y continuado al margen de la ley y violando sistemáticamente los derechos humanos, cuya magnitud habría sido considerada en el rango de la tragedia ya mencionada del “holocausto del siglo XXI” del “apartheid criollo”, que responde por más de 230 mil asesinatos a partir de 1999, más de 24 mil tan solo durante 2013, millones de perseguidos, hostigados, maltratados, discriminados, despedidos, excluidos, centenares de miles de emigrados, decenas de miles de secuestrados por la ignominia de “Sistema Judicial”, miles de exiliados, además del asalto de la propiedad privada y pública y el récord mundial de saqueo neto y de la destrucción de la infraestructura y del patrimonio nacional privado y público.

Habría que agregar, la asociación con el crimen organizado transnacional, la industria del narcotráfico, la legitimación de capitales, el tráfico de armas y la participación en la industria de armas prohibidas, la asociación con los países considerados forajidos por la comunidad internacional, la injerencia política, financiera y  militar en los asuntos internos de otras naciones violando derechos de sus habitantes, así como la asociación  integral con la subversión regional y mundial.

La atención a la urgencia del restablecimiento del Sistema Judicial podría efectuarse mediante la colaboración de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, determinando las condiciones mínimas y organizando la postulación de jueces para todas las instancias regionales y nacionales, de manera de presentarlos al público mediante una clasificación de sus credenciales, antecedentes, prestigio profesional, personal y méritos, para que fuesen conocidos, evaluados y elegidos de manera directa por sus propias comunidades.

Los amplios poderes de las Asambleas de Ciudadanos para deliberar y establecer control sobre las autoridades parroquiales, municipales, de los estados y nacionales, mientras se legitimen electoralmente sus autoridades y posteriormente, conducirían, como en el caso de las actividades electorales desconcentradas y descentralizadas referidas a las relacionadas con la auditoría minuciosa de la Sociedad Civil, de sus organizaciones así como de los organismos e instituciones internacionales o multinacionales que lo solicitasen, de manera que se restablezca, mediante autoridades legítimas, progresivamente, la confianza y la normalidad social, económica e institucional en el territorio nacional y en las relaciones internacionales comerciales, culturales, institucionales y políticas. Una PAZ verdadera.

El CNE en el exilio estaría consciente de la obligación de las autoridades provisionales de desconocer decisiones y acuerdos suscritos por las autoridades usurpadas, tales como, a título de ejemplos: 1) la recuperación de las reservas monetarias y financieras del BCV y otras instituciones del Estado trasladadas a CUBA, según las denuncias, así como los intereses nacionales de grandes magnitudes que estarían comprometidos, y 2) las gestiones de la reclamación del territorio Esequibo, aún en el entendido de que la prioridad fuese el restablecimiento de la soberanía y la República en un Estado de derecho y posteriormente, en caso necesario, fuesen consultadas a la Sociedad Civil mediante el sufragio.

En esta misma categoría de eventuales consultas al colectivo y a la luz de la tragedia nacional, a partir del muy irregular proceso constituyente de 1999, que condujo a la promulgación de la Constitución mediante el sufragio (15DICIEMBRE) hasta la fecha, experiencia que nos obliga imperiosamente a diseñar los mecanismos constitucionales que resguarden las generaciones futuras de venezolanos, para asegurarnos que jamás pudiese repetirse, mientras que de hecho habría perdido por completo su vigencia, por lo que también estaría en la agenda, adicionalmente, a la necesaria evaluación de la legitimidad de aquel proceso constituyente, a la vista tanto de la ilegitimidad e ilegalidad demostrada de los actos electorales que le dieron origen, como de otros aspectos de diferente categoría no específicos del Poder Electoral que deberían también evaluarse, para determinar y acordar su definitiva vigencia o nulidad.

La gestión pública nacional de la transición hacia el Estado de Derecho, dispondría interinamente de la tradición constitucional de la República, expresada en la Constitución de 1961, la más reciente que podría recuperar su vigencia, otorgando a la nación un lapso suficiente y liberándola de la urgencia de otros múltiples problemas que requerirían la atención inmediata de todos, permitiendo la madurez conveniente para la formulación de una recomendación a la nación, que permitiese que conjunta y oportunamente determinemos la pertinencia y conveniencia de convocar un proceso para su reforma,  u otra diferente.